Cáritas agota sus recursos de asistencia básica y el Gobierno no da ayudas

El VI Informe Foessa publicado por Cáritas en octubre revelaba graves problemas de pobreza estructural en España. El porcentaje de pobres severos —entre un 3% y un 4% de la población total— ha permanecido inmutable durante la última década, impermeable a la mayor bonanza económica de la Historia reciente de España. Con las vacas gordas, la pobreza en algún grado ha seguido afectando a una quinta parte de los hogares españoles; la exclusión social es una realidad constatada en más de un 17% de ellos y las situaciones de exclusión severa afectan a un 5,3% de los hogares.

Con las vacas flacas de la crisis, la situación —advierte una Cáritas desbordada de peticiones— se torna insostenible. A las deficiencias estructurales se suman las necesidades coyunturales, que agravan el panorama general.

Un 50% más de demandas

Según los datos ofrecidos a mediados de diciembre durante la presentación de la campaña Cáritas ante la crisis, a lo largo de 2008 el número de demandas ha aumentado un 50% con relación a 2007. “Hemos lanzado esta campaña excepcional porque la situación de muchas Cáritas es muy precaria debido a la crisis. Algunos particulares se dieron cuenta y habían empezado a hacer donaciones motu propio”.

Si en todo 2007 se registraron 100.000 solicitudes para el programa de acogida y asistencia (el que cubre las necesidades más básicas), en junio de este año ya se contabilizaban 140.000 casos, y subiendo. También han aumentado las solicitudes para los programas de familia, inmigrantes y empleo. Por tipo de ayuda, las peticiones se dirigen sobre todo a comprar alimentos, afrontar los gastos de vivienda (alquiler, luz, agua, plazos de hipoteca), ropa y calzado, educación y formación, transporte y gastos sanitarios. Asimismo, se están detectando muchos casos de subarriendos de habitaciones a precios abusivos y en condiciones de hacinamiento o de familias que viven en habitaciones al no poder acceder a una vivienda en alquiler. Se multiplican los procesos de reclamación de avales por impago de hipotecas, que afectan especialmente a viudas mayores que avalaron con sus viviendas en propiedad a sus hijos.

El impacto de la crisis en los programas y servicios de Cáritas en todo el Estado está afectando a la disponibilidad de los fondos propios, dado el incremento en la demanda de ayudas económicas y de urgencia. De hecho, muchas delegaciones de Cáritas ya habían agotado a mitad de año todos los fondos previstos para esos programas, por lo que han tenido que recurrir a otras partidas presupuestarias más orientadas a la promoción y la inserción social que a la asistencia de emergencia. Esto ha obligado a Cáritas a reformular sus modelos de intervención para dar mayor prioridad a los aspectos de acogida en muchos de sus programas. Consciente de las nuevas necesidades acuciantes, la Conferencia Episcopal entregó, durante la Asamblea Plenaria celebrada a finales de noviembre, 1,9 millones de euros correspondientes al 1% del Fondo Común Interdiocesano. Los obispos españoles decidieron donar a Cáritas esta cantidad para hacer frente al incremento de peticiones de ayuda.

No hay ni pan para hoy

Lo paradójico es que el programa más demandado es al que menos recursos públicos destina el Gobierno. En 2007, Cáritas manejó un presupuesto de unos 200 millones de euros: el 65% se debió a donaciones privadas y el 35% a fondos públicos. En una coyuntura normal, el programa de acogida y asistencia ocupa el cuarto lugar entre las prioridades inversoras de la organización (20,5 millones en 2007), por detrás del de mayores (29,5 millones), cooperación internacional y empleo, proyectos que cuentan con un mayor apoyo gubernamental, lo mismo que el de drogas o inmigración. Pero ya no es hora de invertir en programas de desarrollo siquiera a medio plazo: lo urgente es comer hoy y el Gobierno no se entera. Según cálculos de Cáritas, en torno al 90% del presupuesto para asistencia y acogida procede de donaciones privadas. El Gobierno sólo aporta un 10% para la más indiscutible de las urgencias sociales que padece el país.